En la semana que concluimos se ha alcanzado un hito en el tortuoso camino del Brexit.  El viernes 8 por la mañana, y tras largas horas de negociación, comparecieron conjuntamente el Presidente de la Comisión, Junckers, y la Primera Ministra de Reino Unido (RU),  Theresa May, para anunciar que «La Comisión ha decidido formalmente informar al Consejo Europeo de que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación», en palabras de Junckers (puede verse aquí la nota de prensa). Se da por terminada, por tanto, la primera fase de la negociación entre el Reino Unido (RU) y la UE, aunque existan puntos, como el de Irlanda, que requieren una solución imaginativa y estén aún sin cerrar.

Recordemos brevemente los tres asuntos más espinosos de esta primera fase:  a) los derechos de los ciudadanos comunitarios no británicos en RU y de los británicos en otros países comunitarios, b) la factura económica de salida y c) la relación futura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Respecto al primer contencioso, que tanta alarma despertó en ciudadanos y gobiernos, los negociadores aseguran que los derechos de los ciudadanos de terceros países se protegerán y seguirán intactos después de la salida oficial de RU de la UE. Buenas noticias para nuestro país: se estima (aunque no hay cifras exactas al respecto, precisamente por el principio de la Libre Circulación) que hay alrededor de un par de cientos de miles de españoles en RU, y más del cuádruple de esa cifra de británicos en España. Buenas noticias para Polonia, Rumanía y Bulgaria, con comunidades asentadas de nacionales al otro lado del canal (pequeñas todavía en los dos últimos casos, pero dinámicas). Buenas noticias para Francia, ya que (de momento, y a expensas de ver qué ocurre con la City) según se dice con cierta ironía, Londres es la segunda ciudad de Francia. Y buenas noticias para RU, cuyo mercado de trabajo, en tasas record de empleo y ocupación, no puede permitirse perder mano de obra cualificada en segmentos en los que no hay población local disponible, por razones, fundamentalmente de espacio, en las que no entraremos en este post.

La Comisión también asegura que «los procesos administrativos serán baratos y simples para los ciudadanos comunitarios en el RU». Esta coletilla no es trivial. Si la burocracia en la UE, lenta y farragosa, es bien conocida y convenientemente denostada con  frecuencia, no es tan bien sabido que algunos procedimientos en RU, como obtener la tarjeta sanitaria o la preceptiva matrícula británica de un coche que se trae temporalmente del continente para su uso, son un auténtico pain in the neck. Finalmente, se reconoce la autoridad del Tribunal de Justicia Europeo sobre los ciudadanos comunitarios de terceros países durante los próximos ocho años.

En cuanto al coste monetario de la salida, los 28 se comprometen a cumplir los compromisos financieros adquiridos en las últimas rondas presupuestarias; no existe todavía una cifra sobre la mesa del importe que corresponde pagar a RU, aunque oficiosamente se habla de una cantidad que oscila entre los 45.000 y 55.000 millones de euros, menor que lo exigido inicialmente por la UE (60.000 millones €) pero bastante más de lo que RU estaba dispuesto a abonar en un principio, 20.000 millones € (una explicación sencilla del desglose de las cantidades aquí). Es cierto que los británicos continúan afinando el lápiz y torturando las cifras con objeto de sacar un millón de aquí, y otro de allá, por procedimientos tan curiosos como emplear diversas tasas de descuento para calcular el valor actualizado de las pensiones de los funcionarios británicos en Bruselas o jugar con la futura cotización de la libra,  pero también lo es que, como dice un representante de la UE, los británicos han cedido considerablemente  en su posición al pasar de cuestionar que RU tenga que pagar algo a preguntar «entonces, ¿qué es lo justo?»

Tras el Brexit Irlanda del Norte dejará de pertenecer a la UE, a diferencia del resto de la isla. Se trata de un tema muy espinoso.  Finalmente, RU ha reconocido  que se trata de una situación anómala y «se ha comprometido de modo significativo» con el fin de evitar una «frontera dura» o física con controles entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, lo que iría en contra de los acuerdos del Viernes Santo de 1998, que fijaron las nuevas reglas del juego entre el díscolo Ulster y Londres.

En este punto, la Comisión despeja a córner (de momento):  es tarea de RU elaborar una propuesta sobre cómo hacer realidad este complejo objetivo, por una parte fuertemente vinculado a la política nacional (May gobierna con el apoyo parlamentario de los unionistas irlandeses) y por otra más trascendental de lo que parece a la hora de sentar las bases para el futuro acuerdo comercial.

¿Qué asuntos  protagonizarán las negociaciones en los próximos meses? En primer lugar, la existencia o no de la prórroga de dos años después de la salida formal, en marzo de 2019. May desea que RU continúe operando en el marco aduanero actual, con el fin de facilitar la adaptación de las empresas británicas a la posible vuelta a los aranceles (lo que, por cierto, contrasta con las últimas especulaciones que sitúan la relación futura en el marco de una unión aduanera o tratado de libre comercio). Pero ciñámonos a la prórroga. May  está intentado suavizar, ralentizar o evitar en lo posible la más que previsible pérdida de cuota de mercado de los exportadores de RU en, al menos, algunos posibles escenarios del mundo post Brexit. Es esta una petición que, a mi modo de ver, perjudica notablemente al resto de los países, por los motivos exactamente contrarios, es decir, porque les dificulta hacerse con la parte de cuota de mercado que van a perder las compañías de RU.

Recurramos al socorrido ejemplo del taller en Marsella, al que ya he aludido otras veces en este blog. El dueño, Pierre, necesita una pieza para un Toyota. Puede pedirla a Jim, un fabricante de los Midlands, que en condiciones pre-Brexit la serviría en precio, tiempo y forma. Una vez fuera del mercado único, Jim  sólo podría proporcionar el componente a un precio probablemente más alto (debido a los aranceles) y en un plazo más dilatado (por las barreras no arancelarias y otras cuestiones administrativas), de modo que Pierre llamará a su buen amigo Andrej, fabricante de piezas Toyota eslovaco. Es lógico que Theresa May quiera velar por el negocio de Jim, pero también lo es que Junckers vele por el de Andrej. Desgraciadamente, en el corto plazo (dos años), no es fácil argumentar que la mayor competitividad de las empresas británicas en el escenario post Brexit redundará en un mayor progreso técnico y crecimiento en el continente, como sí podría ocurrir (tal vez) en el largo plazo. En un periodo de tiempo tan corto me temo que nos hallamos ante un juego de suma cero, por lo que, siempre en mi opinión, la UE haría mal en ceder en este punto (o, si lo hace, debe ser a costa de una compensación considerable por parte de RU).

En realidad, este aspecto está fuertemente vinculado con el esquema comercial que se adopte como definitivo. Se manejan dos escenarios básicos para el futuro, que podríamos llamar solución noruega y solución canadiense.

A tenor de la primera, RU seguiría beneficiándose del libre comercio con la UE, pero a cambio debería cumplir determinadas leyes comunitarias. En virtud de la segunda, se constituiría un acuerdo de libre comercio (similar al reciente pacto UE-Canadá o CETA) que cubriría fundamentalmente el intercambio de bienes, lo que supondría un gran peligro para la actividad financiera de la City. Hasta ahora, por sorprendente que resulte, el gobierno británico no ha manifestado una excesiva preocupación por la posible marcha de la City (como me dijo un taxista londinense, y ya apunté aquí, ¿para que se van a ir los empleados de banca a Francfort, donde no se habla inglés?), pero últimamente parece que están modificando su postura al respecto. Pertenece todavía al mundo de los arcanos más recónditos saber por cuál (u otro distinto) de estos mecanismos se optará.  Quizá de cómo se vayan desarrollando las conversaciones sobre el periodo transitorio podremos atisbar  el desenlace final de ese aspecto, en el que tanto se juegan todas las partes.

Será necesaria más perspectiva  para constatar si los presuntos avances del 8 de diciembre son avances o son presuntos, o si, tras largos meses de conversaciones, la montaña ha parido un ratón. En todo caso, May ha salvado los muebles con este soft Brexit, evitando quizá así su decapitación y reemplazo por un Primer Ministro todavía más duro, y ha cedido (de momento) en cuestiones fundamentales, como los derechos de los ciudadanos y la factura. Nos queda por ver cómo se materializan estos compromisos y cómo se enjareta una solución para Irlanda del Norte.

Los británicos, en todo caso, han podido comprobar que los representantes de la UE también saben negociar y ponerse firmes cuando es necesario. El post Brexit les está resultando más doloroso de lo que pensaban.